Resumen: 2007 fue el año en el que Rumania comenzó a aplicar dos procedimientos en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras. Es un procedimiento que se aplica a las sentencias extranjeras dictadas en los Estados miembros de la UE y un procedimiento que se aplica en los astados no miembros sobre la base de los principios generalmente aceptados del derecho internacional privado.
Así, el Derecho comunitario ha establecido un conjunto de normas que faciliten el acceso de los ciudadanos y residentes legales de la Unión Europea a una justicia unitaria, tomando ventaja en este aspecto del procedimiento simplificado previsto en el Reglamento 44/2001 y el Reglamento 805/2004

El reconocimiento de las sentencias arbitrales extranjeras es un procedimioento contradictorio, destinado a verificar las condiciones de regularidad de estas decisiones.

Una característica fundamental de las sentencias extranjeras es la intangibilidad, que significa que tienen como principales efectos la cosa juzgada, la exigibilidad y el valor probatorio de un acto auténtico.

Las sentencias extranjeras que pueden ser reconocidas y ejecutadas en Rumania pueden pertenecer no sólo a los tribunales, sino también a otros órganos con competencia jurisdiccional, órganos cuya actividad debe caracterizarse por el respeto al principio de contradicción y el derecho a la defensa.

El procedimiento para el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras en los Estados miembros de la UE es requerida por la legislación comunitaria directamente aplicable en los Estados miembros, a saber, el Reglamento n º 44/2001 relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Reglamento no. 805/2004 relativo al establecimiento de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

Las sentencias de los países fuera de la UE siguen estando sujetos a las disposiciones de la Ley núm. 105/1992 sobre la regulación del derecho internacional privado.

En general, las sentencias extranjeras queden ejecutoriadas al igual como una sentencian del Estado en el que se solicita la ejecución por el procedimiento de exequátur, que implica el examen de la regularidad internacional de las sentencias extranjeras al reconocimiento y la ejecución de los mismos. La convención de Nueva York de 1958 establece que “no se impondrá condiciones onerosas o tarifas más altas para el reconocimiento o ejecución de las sentencias arbitrales a los exigidos para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales nacionales.”

La ley núm. 105/1992 establece por un lado una distinción entre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, y por otro lado, entre el reconocimiento automático de una decision y el reconocimiento por una sentencia del tribunal rumano.

Mediante el reconocimiento, la sentencia extranjera tendra en Rumania fuerza de la cosa juzgada, como una sentencia de un tribunal rumano. A este respecto, el Arte. 167 de la Ley núm. 105/1992 establece que las sentencias extranjeras pueden ser reconocidos en Rumania, para beneficiarse del poder de la cosa juzgada. En este caso, se trata del reconocimiento por una sentencia de un tribunal rumano, pero el reconocimiento automático tiene el mismo efecto.

Estamos hablando del reconocimiento de jure de una sentencia extranjera si se refiere a la situación personal de los ciudadanos del Estado en que se hicieron, o si se da en un tercer Estado y fue reconocida por primera vez en el Estado de la nacionalidad de cada partido o, en falta de reconocimiento se da bajo la ley aplicable segun el derecho internacional privado rumano, no sean contrarias al orden público de derecho internacional privado rumano y se respetó el derecho a la defensa.

Las condiciones generales para el reconocimiento de la corte son:

• que la decisión sea definitiva en virtud de la ley del estado en que se dictó;
• el tribunal que dictó la decisión tenía, de acuerdo con la ley de su país, competencia para juzgar (tanto en el derecho internacional privado como también en la legislación nacional);
• existe reciprocidad con respecto a los efectos de las sentencias extranjeras entre Rumanía y el estado del tribunal que dictó la decisión;
• cuando se dictó la sentencia en la falta de la parte que perdió el caso, hay que señalar también que el momento en que se entregó la citación para los debates sobre el fondo era en timepo como también que el escrito de demanda y se le dio la oportunidad para defenderse y ejercer el recurso de apelación contra la decisión. El carácter indefinible de la decisión extranjera, que resulta de la falta de la parte asi como fue mencionado anteriormente sólo podrá ser invocado por esa persona.

El tribunal puede negarse a reconocer una sentencia extranjera por las siguientes razones:

• el juicio es el resultado de un fraude cometido en el procedimiento seguido en el extranjero;
• la sentencia extranjera viola el derecho internacional privado rumano;
• el proceso entre las mismas partes se resolvió por sentencia, aunque no definitiva, ante los tribunales rumanos, o está bajo juicio ante los tribunales rumanos, en el momento de la notificación de los tribunales extranjeros;
• si los tribunales rumanos tenían procedimientos de jurisdicción exclusiva (art. 1096 párr. (1) lit. e) C.proc.civ.).

Si se desea obtener el reconocimiento de la decisión extranjera se debe presentar una solicitud ante el tribunal o la autoridad competente a la que se adjunta un certificado completado previamente por el tribunal o la autoridad competente que haya expedido el fallo, el acto auténtico o un acuerdo extrajudicial. Según el art. 1098 C.proc.civ. la solicitud de reconocimiento se soluciona por el tribunal en el distrito en el que el solicitante tiene su domicilio o, de la sede donde se negaron a reconocer la sentencia extranjera. En caso de imposibilidad de determinar el tribunal, la competencia recae sobre el Tribunal de Bucarest.

La solicitud de reconocimiento de la sentencia extranjera se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Código de Procedimiento Civil y deberá ser acompañada de los siguientes documentos:

1. una copia de la sentencia extranjera
2. prueba de su caracter definitivo
3. una copia de la prueba de la notificación de la citación transmitida a la parte que ha estado ausente en el tribunal extranjero o cualquier otro documento oficial que acredite que la citación y demanda fueron conocidas por la parte contra la cual se dio la sentencia
4. cualquier otro acto que demuestra, aun mas que la sentencia extranjera cumple con los requisitos establecidos en el art. 1095 C.proc.civ.

Bibliografía:

1. S. Deleanu, Derecho Internacional Privado, Parte general, Ed. Dacia Nova Europa
2. “Ejecuciones de Sentencias Arbitrales Extranjeras”, The Romanian Digest, no. 05 de mayo 2005, Vol. X;
3. Guía sobre la cooperación judicial internacional en materia civil y mercantil, coordinador: Dr. Viviana Onac.

Las cláusulas de no competencia son esencialmente instrumentos jurídicos destinados a proteger a los empleadores. Esta protección se activa sólo tras la finalización de la relación contractual entre ellos y los empleados, pero para poder producir sus efectos, las disposiciones del contrato individual de trabajo relativos a competir deben cumplir una serie de condiciones imperativamente exigidas por el Código del Trabajo. La razón de estos requisitos es evitar convertir la protección ofrecida a los empleadores en un abuso de su parte.

El Código Civil rumano, en vigor desde el 1 de octubre de 2011, dedica el sexto capítulo al estatuto de limitaciones, la decadencia y a los plazos de cálculo.
En consecuencia, tanto el anterior Decreto-Ley no. 167/1958 sobre el estatuto de limitaciones, así como de varios artículos sobre esta institución del Código Civil de 1864, todos fueron abolidas.
Tomando ventaja de esta nueva ley reguladora de las limitaciones, en este trabajo hemos tratado de abordar tanto las implicaciones de las noticias relacionadas con la institución, así como las posibles incertidumbres que pudieran surgir de la interpretación de las nuevas leyes civiles.
Nuestro objetivo no es reiterar que lo que ya se ha dicho o es ampliamente conocido, sino más bien de señalar y analizar algunas de las disposiciones innovadoras que consideramos digno de ser discutidos.

Resumen: Actualmente, el nuevo Código de Procedimiento Civil reglamenta tanto la Ordenanza de procedimiento de pago como también el procedimiento de menor demanda reducida. El procedimiento de la ordenanza de pago está reglamentada en el art. 1013-1024 Código de Procedimiento Civil y trata la recuperación de la deudas ciertas, líquidas y exigibles, pero hay una novedad en comparación con el anterior reglamento, antes de emitir la solicitud de pago de la ordenanza uno debe seguir el procedimiento previo regulado por el artículo 1014. El procedimiento de la demanda reducida se regula en el art. 1025-1032 Código de Procedimiento Civil, y representa una novedad traída por el nuevo Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento se puede aplicar en las reivindicaciones con un valor de hasta 10.000 lei.

1. En 15.02.2013 entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Trae cambios importantes en los procedimientos de los casos legales, especialmente en cuanto a la recuperación de las deudas.
El nuevo Código de procedimiento civil establece los siguientes procedimientos de recuperación de las deudas: el procedimiento de la ordenanza pago, el procedimiento de los reclamos menores y el procedimiento de derecho común.
Así que se puede ver los cambios realizados por el nuevo Código de procedimiento civil, principalmente derogando el OG 5/2001 sobre la demanda de pago y el DGE 119/2007 de la ordenanza de pago, e introducio un nuevo procedimiento para la recuperación de las deudas – el procedimiento del art. 1025-1032 Código de procedimiento civil, las demandas de los reclamos menores.

A continuación presentaremos brevemente los procedimientos de urgencia.

2. El procedimiento de la ordenanza de pago se regula como procedimiento de recuperación de la deuda cierta, líquidas y exigibles conforme a lo dispuesto en el art. 1013-1024 del Nuevo Código de Procedimiento Civil
A diferencia de la normativa anterior, el Nuevo Código de Procedimiento Civil requiere un procedimiento previo obligatorio antes de presentar la solicitud para emitir la ordenanza de pago por la corte.
El artículo 1014 muestra en que consiste este procedimiento previo. El acreedor está obligado a enviar una citación al deudor para ponerlo en cuenta que tiene que pagar el flujo en 15 días de recibir la citación, que se envia por agente judicial o por carta con acuse de recibo y dicho contenido.
Si después de estos 15 días, el deudor no ha pagado la deuda, el acreedor tiene el derecho de presentar la solicitud ante el tribunal competente.

Creemos que mediante la introducción de este procedimiento se extendió el período de recuperación de la deuda, ya que el acreedor no puede presentar directamente la solicitud en el tribunal, como tiene que esperar los 15 días concedido al deudor a pagar.

La finalización de este procedimiento antes de presentar la solicitud al tribunal este obligatorio, porque la prueba del cumplimiento se debe adjuntar a la solicitud, junto con otras pruebas documentales para apoyar la solicitud. Si no se prueba el cumplimiento del procedimiento previo, la solicitud sera rechaza por improcedente.
Como hemos indicado, a la solicitud se adjuntan los documentos que justifiquen la deuda y cualquier otro documento que muestran la cantidad de la deuda o el reconocimiento del flujo por el deudor, y tambien la prueba de cumplimiento del procedimiento previo. Tanto la solicitud como los documentos adjuntos se presentarán en el número de ejemplares necesarios para cada parte de la controversia y uno para la corte.

Con respecto a la respuesta del deudor, esta puede ser presentada lo menos 3 días antes del juicio. El tribunal verificará si la queja está justificada. Si el deudor no presenta una respuesta, el tribunal puede considerar esto como el reconocimiento de las reclamaciones del acreedore. Una otra nevodad es el echo que la respuesta del deudor no se comunica al acreedor, que tendra que estudiarla al expediente de la corte.

Para probar los reclamos, como en la regulación anterior, se usaran sólo los documentos.
El tribunal, en base de los documentos presentados, puede admitir en su totalidad o en parte la solicitud del acreedor. En este caso, se emitira una ordenanza de pago en cual se especifica tambien el período de pago, que se puede establecer entre 10 días y 30 días desde la recepción de la ordenanza. En caso de admisión en parte de la solicitud, para el resto de las reclamaciones se podra hacer una solicitud ordinaria, de ley comun.

En virtud del nuevo Código de Procedimiento Civil, la ordenanza de pago es exigible, incluso si se hace una solicitud de cancelación. La ordenanza tiene fuerza de cosa juzgada temporal, hasta que se juzda la solicitud de cancelación.
En contra de la ordenanza de pago, tanto el acreedor como el deudor pueden presentar una solicitud de cancelación dentro de los 10 días a partir de recibir la ordenanza.

La solicitud de cancelación no suspende la ejecución, pero el deudor puede pedir la suspensión de la decisión si depósita una garantía cuyo importe será fijado por el tribunal. Si el tribunal admitira, en su totalidad o en parte la solicitud de cancelación, se anulará la ordenanza, en su totalidad o en parte, y se dara una decisión final.
El nuevo Código de Procedimiento Civil ha eliminado el procedimiento de inversión para su ejecución de las decisiones de la corte. Ahora solamente existe el procedimiento de obtener el consentimiento para la ejecución.

3. En cuanto al solicitud de bajo valor, este procedimiento es una novedad traída por el nuevo Código de Procedimiento Civil (artículo no. 1025-1032). El procedimiento se aplica a las reclamaciones que no excedan la cantidad de 10.000 lei. Esta suma incluye sólo el flujo principal, sin tomar en cuenta las multas e intereses, que se calcularán y aplicarán por separado.
Por lo tanto, durante este procedimiento el acreedor completa un formulario emitido por el Ministerio de Justicia e incluirá toda la información necesaria sobre el litigio.
En este procedimiento, no es necesario el debate oral en el tribunal, pero si las partes lo desean, pueden solicitarlo mediante el formulario. Asimismo, el tribunal podrá ordenar la comparecencia de las partes, si considera que necesita una aclaración.

Este procedimientro no es obligatoriu, el acreedor puede elegir entre este procedimiento y el procedimiento de la ley común. Sin embargo, si por alguna razón la solicitud no se puede resolver por este procedimiento, el tribunal informará a las partes a este respecto, y si el solicitante no retira su solicitud, será juzgado de acuerdo a la ley común.

En este procedimiento, a diferencia del procedimiento de la ordenanza de pago y de la solicitud de la ley comun, no es necesario completar antes un procedimiento previo. El solicitante puede presentar la solicitud directamente a la corte.
El solicitante deberá completar el formulario, que contiene explicaciones necesarias, y adjuntará pruebas documentales para apoyar su afirmación. Se enviará un número de copias como partes haya, más una para la instancia.

El demandado tendrá un formulario especial para mostrar sus defensas, pero de acuerdo con el art. 1029 par. 4 no es necesario que utilice el formulario. El podrá responder por cualquier otro medio adecuado. El demandado debe presentar sus defensas dentro de los 30 días después de la notificación de la demanda. Posteriormente, el tribunal deberá determinar la fecha de audiencia.
Si el demandado no have ninguna respuesta, el procedimiento será completada dentro de 60 días.
Para probar los reclamos se usaran documentos, pero tambien otras pruebas, solamente si los costos para obtenerlos no son desproporcionados con respecto al valor del litigio.

Al final del procedimiento, el tribunal dará una sentencia ejecutoria. La decisión está sujeta a apelación dentro de los 30 días a partir de su notificacion. A petición del deudor que paga un depósito de seguridad de 10% de la cantidad en disputa, el tribunal podrá suspender la ejecucion. La decisión del Tribunal de apelación es definitiva.
La cantidad de impuesto de timbre para la ordenanza de pago es 200 lei. Para las solicitudes de bajo valor el impuesto de timbre es 50 lei si la deuda es hasta de 2000 lei y 200 lei si la deuda es más de 2.000 lei, hasta a 10.000 lei.

El establecimiento de una persona autorizada  puede preferirse a la conclusión de un contrato de trabajo, al menos desde una perspectiva fiscal. El problema reside en el riesgo de recalificar la actividad como dependiente.

Resumen: El estudio se ocupa del problema de las  decisiones que sustituyen el acto auténtico y su régimen jurídico. En esencia, hay las siguientes preguntas: ¿Es esta una decisión que puede ser atacada como cualquier acuerdo auténtico? O, por el contrario, puede ser atacada mediante el uso de los recursos contra las sentencias dictadas por el Código de Procedimiento Civil? En otras palabras, se trata de un verdadero acto de resolver una disputa judicial o sólo una sanción – es cierto, oficial – del consentimiento de las partes para hacer el contrato? En el contexto de la jurisprudencia todavía tímido sobre el tema, destaqué dos decisiones de los casos que tienen el mérito de explicar la razón de que, en determinadas condiciones, se debe considerar admisible la invocación de los motivos de nulidad de estos contratos validados por el corte.

Resumen: Cualquier socio que infrinja las disposiciones de los artículos de incorporación o comete actos en daño de la sociedad en cualquier momento puede ser excluido de la sociedad.
La exclusión se pronuncia por orden judicial a petición de la sociedad o de cualquier socio. Aunque excluido el socio sigue siendo responsable de las pérdidas y tiene derecho a beneficios sólo hasta el día de la exclusión. El socio no tiene derecho  a una parte proporcional de los activos, sólo a una suma de dinero que representa el valor.
Todo el procedimiento está previsto en el Derecho de las Sociedades, la Ley número 31/1990, los artículos 222 a 225.

Resumen: La reunión informativa obligatoria en litigios relacionados con las partes que se divorcian crea inherentemente preguntas acerca de los inconvenientes de la utilidad de estas regulaciones recientes. La aplicabilidad tan grande de esta institución se refleja también en las sanciones previstas por el legislador en caso de irregularidades del procedimiento, es decir la inadmisibilidad de la citación.

Las cláusulas abusivas insertadas en los contratos de crédito ofrecen a la institución bancaria el poder de cambiar el contrato unilateralmente sin una negociación real de las nuevas disposiciones, creando un desequilibrio significativo entre las partes contratantes. Los bancos justifican estos cambios mediante el desarrollo de los mercados financieros y la política de préstamos de los bancos, pero estas motivaciones exceden el  principio de rebus sic standibus y la buena fe y aun mas no dejan el consumidor a rescindir el contrato de inmediato.

El Reglamento (CE) no. 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social rige una excepción a la regla general de que, la persona que es trabajador, empleado o por cuenta propia, en un estado miembro estará sometida a la legislación de este estado”. Así, el trabajador desplazado a otro Estado miembro sigue estando sujeto a la legislación del primer Estado miembro, si se cumplen dos condiciones: una relación directa entre el empleador y el empleado que se contrata y la existencia de vínculos entre el empleador y el Estado miembro en el que establecido. Para certificar la legislación aplicable, el empleador va a ir a través del procedimiento para la obtención del Documento Portátil A1- “Certificado sobre la ley aplicable”.

El ejercicio de la patria potestad sólo por la madre puede ser permitida por el tribunal en caso de que el padre ha expresado su desinterés por menor y se negó a cooperar con la madre en la toma de decisiones que afectan al menor.

El uso de los instrumentos de pago – los pagarés y el cheque – solamente puede ofrecer ventajas a los beneficiarios de estos títulos de deuda. Si se niegan a pagar, el acreedor puede proceder directamente a la ejecución contra el emisor, el garante y endosantes, sin pasar por un juicio ante los tribunales o el arbitraje.
Además, bajo ciertas condiciones, los pagarés y el cheque ofrecen las garantías para la recuperación de la cantidad ingresada en el instrumento de pago desde el garante o fiador, cualquier de ellos es viable.